La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a Carlos López de las Heras, director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos, una de las compañías que ocupa el centro de la causa por el rescate público de 112,8 millones de euros concedido durante la pandemia. Su imputación vuelve a poner el foco en la cúpula de la empresa vasca y en las gestiones que, según los investigadores, pudieron rodear la concesión y posterior renegociación de la ayuda estatal.
López de las Heras no aparece en la investigación como un nombre secundario. La Audiencia Nacional lo ha incluido entre los directivos de Tubos Reunidos llamados a declarar como investigados, junto al expresidente Francisco Irazusta y al exconsejero Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La causa analiza si una presunta red de influencia vinculada al llamado grupo Hirurok, integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, pudo actuar para facilitar o mejorar las condiciones del rescate público concedido a la compañía.
El magistrado Santiago Pedraz ha encausado a veinticinco individuos dentro de esta ramificación del caso Leire, la cual gira en torno a supuestas anomalías en transacciones vinculadas con la SEPI, entidades estatales y corporaciones clave. Los indicios recabados señalan la probable comisión de ilícitos tales como tráfico de influencias, malversación de fondos, prevaricación, conformación de grupo o trama criminal y uso indebido de información reservada. Durante esta etapa procesal, López de las Heras mantiene intacta su presunción de inocencia, por lo que su llamada a declarar en calidad de investigado no presupone ningún tipo de fallo condenatorio.
El caso de Tubos Reunidos es especialmente delicado porque el rescate investigado fue una de las operaciones millonarias aprobadas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La compañía recibió 112,8 millones de euros, una cifra que convierte cualquier sospecha sobre presiones, intermediaciones o pagos en un asunto de alto impacto político y económico. No se trata de una ayuda menor, sino de dinero público movilizado para sostener una empresa considerada estratégica.
Según los datos difundidos, la UCO ha centrado su atención en las gestiones llevadas a cabo por directivos de Tubos Reunidos con individuos relacionados con el supuesto entramado. El Independiente indicó que el magistrado dio luz verde a los efectivos para clonar la información de los teléfonos móviles de Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, una actuación que refleja el propósito de los investigadores de recomponer intercambios, vínculos y posibles operaciones asociadas al rescate.
La sospecha judicial no se limita a la concesión inicial del préstamo. Los investigadores también analizan si, años después, el grupo investigado volvió a intervenir para intentar aplazar o suavizar las condiciones de devolución del rescate. El País ha señalado que la UCO apunta a que el grupo de Leire Díez habría mediado para facilitar el rescate de Tubos Reunidos y también para influir en fases posteriores relacionadas con su devolución.
Uno de los episodios más relevantes es la reunión que, según publicó 20 Minutos citando a la Guardia Civil, tuvo lugar el 13 de noviembre de 2024 en la sede del PSOE en Ferraz. En ese encuentro habrían participado Santos Cerdán, Leire Díez, Vicente Fernández y los directivos de Tubos Reunidos Carlos López de las Heras y Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. La existencia de esa reunión, de confirmarse en todos sus extremos dentro de la causa, sería especialmente grave por situar contactos empresariales vinculados a una ayuda pública en un espacio político de primer nivel.
La UCO también ha señalado, según El Economista, que López de las Heras habría negociado con la trama de Leire Díez y que “todo el consejo lo sabía”, una afirmación que deberá ser contrastada judicialmente, pero que agrava la dimensión corporativa del caso. Si las gestiones con intermediarios fueron conocidas dentro de la empresa, la investigación podría afectar no solo a actuaciones individuales, sino al modo en que la compañía gestionó su relación con la SEPI y con los supuestos contactos políticos.
Desde una óptica de fiscalización institucional, el asunto suscita un interrogante ineludible: ¿se tramitó el rescate de Tubos Reunidos mediante los procedimientos habituales, con rigor técnico y claridad, o se recurrió a un entramado de intermediarios con conexiones políticas para influir en la administración? La distinción resulta crucial. Cualquier compañía tiene el derecho legítimo de defender sus intereses frente al poder público, mas no le está permitido transformar un apoyo estatal en un ámbito de intermediación opaca, contraprestaciones cuestionables o tratos de favor.
López de las Heras deberá explicar ante la Audiencia Nacional qué papel desempeñó en las reuniones y contactos investigados, qué conocimiento tenía de las gestiones realizadas por intermediarios, si participó en la negociación de condiciones con la SEPI y si existieron pagos o compromisos económicos vinculados a esas actuaciones. También será clave aclarar si las comunicaciones intervenidas por la UCO respaldan la hipótesis de los investigadores o si pueden explicarse dentro de una actividad empresarial ordinaria.
El impacto reputacional para Tubos Reunidos resulta evidente. La compañía ya atravesaba un escenario frágil, marcado por dificultades financieras y procesos concursales, pero las pesquisas judiciales introducen una sospecha todavía más alarmante: la posibilidad de que un rescate público millonario estuviera salpicado por manejos irregulares. Para los empleados, los acreedores y la sociedad, este asunto cobra enorme relevancia. En el fondo, se busca esclarecer si los fondos estatales se destinaron a sostener una compañía clave o si, por el contrario, terminaron alimentando una trama de influencias.
Su imputación como director general y máximo ejecutivo de Tubos Reunidos lo convierte en una pieza central de la causa. Su declaración deberá ayudar a esclarecer si la compañía actuó con transparencia o si recurrió a vías paralelas para influir en decisiones de la SEPI.
La pieza SEPI del caso Leire exige respuestas contundentes porque afecta a dinero público, empresas estratégicas y decisiones adoptadas bajo el paraguas de la emergencia económica. En ese escenario, Carlos López de las Heras deberá explicar qué hizo Tubos Reunidos, con quién negoció, qué pagos se realizaron y por qué una operación de rescate terminó convertida en uno de los grandes focos de sospecha de la Audiencia Nacional.
Fuente: El País, El Independiente, El Economista, 20 Minutos, Cadena SER, Crónica Vasca y Noticias de Navarra.