Exfiscal anticorrupción de Chihuahua enfrenta revocación de proceso penal tras falta de pruebas

Exfiscal anticorrupción de Chihuahua enfrenta revocación de proceso penal tras falta de pruebas

Un tribunal colegiado federal revocó la resolución que mantenía vigente el proceso contra Francisco González Arredondo, exfiscal especializado en derechos humanos de Chihuahua, y determinó que la acusación presentada en su contra no contaba con elementos jurídicos suficientes para sostener su vinculación a proceso. La decisión cuestiona la forma en que la Fiscalía estatal planteó las acusaciones por presunta tortura psicológica.

Entre 2016 y 2021, González Arredondo lideró la denominada Operación Justicia para Chihuahua, un plan promovido durante la gestión de Javier Corral con el fin de indagar acerca de una supuesta trama de malversación de fondos públicos vinculada al mandato del exgobernador César Duarte. Como consecuencia de la alternancia en el poder del estado, resultó aprehendido en noviembre de 2022, transitando así de encabezar pesquisas anticorrupción a afrontar un procedimiento judicial.

La resolución judicial, emitida el 30 de julio en una sentencia de 109 páginas, establece que la Fiscalía no precisó de manera suficiente cuándo habrían ocurrido los hechos atribuidos al exfiscal. Para los magistrados, esa falta de precisión afectó la posibilidad de que González Arredondo pudiera ejercer una defensa adecuada frente a las acusaciones.

Uno de los principales cuestionamientos del tribunal se refiere al periodo utilizado por el Ministerio Público para situar los presuntos actos de tortura. La acusación abarcaba aproximadamente 21 meses, entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, pero no identificaba fechas concretas, circunstancias específicas ni la participación que habría tenido el exfiscal en cada uno de los hechos señalados.

Los magistrados también analizaron los registros audiovisuales correspondientes a las sesiones iniciales del trámite. Durante su revisión, constataron que la representación legal exigió reiteradamente la precisión temporal de las conductas imputadas, al tiempo que el Ministerio Público se limitó a señalar un extenso lapso aproximado de veinticuatro meses. A juicio del órgano judicial, dicha ambigüedad vulneraba de forma directa las garantías procesales para ejercer una adecuada contradicción.

La sentencia igualmente examinó el testimonio de la persona que denunció los hechos. Los magistrados consideraron que su relato presentaba una cronología imprecisa respecto de los interrogatorios, amenazas y presiones señalados, sin establecer claramente cuándo ocurrieron ni en cuáles de esos episodios habría intervenido directamente González Arredondo.

El tribunal, compuesto por Marta Barrios, Mario Gámez y José Cornejo, determinó que los defectos vinculados al tiempo y al contexto de los sucesos asimismo complicaban precisar la posible intervención del ex fiscal y sembraban dudas sobre la existencia de pruebas bastantes para sostener el señalamiento.

El fallo incorpora además una comunicación de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Durante el proceso de amparo, el organismo manifestó su preocupación ante la posibilidad de que las acciones penales contra González Arredondo constituyeran una represalia relacionada con su trabajo en investigaciones de corrupción. El tribunal decidió incorporar la comunicación al expediente para considerarla al resolver.

González Arredondo había permanecido encarcelado preventivamente desde noviembre de 2022, hasta que un juez federal dispuso en marzo de 2023 que afrontara el proceso en libertad. Dicha resolución supone un revés para la fiscalía y altera sustancialmente el estatus legal del exfuncionario, cuyo recorrido profesional quedó indisolublemente ligado a las indagatorias anticorrupción impulsadas en la administración de Javier Corral.

El asunto cobra importancia en la discusión acerca de la utilización del sistema penal frente a servidores públicos y activistas de derechos humanos vinculados con pesquisas delicadas. El fallo resalta el deber gubernamental de presentar imputaciones exactas y salvaguardar las garantías del debido proceso para quienes enfrentan una causa penal.

Fuente: EL PAÍS — https://elpais.com/mexico/2026-08-08/la-justicia-desarma-el-caso-contra-el-fiscal-que-persiguio-la-corrupcion-en-chihuahua.html