La pieza SEPI del caso Leire ha sumado a Fernando Samper Rivas, creador y máximo dirigente de Forestalia, al conjunto de hombres de negocios bajo investigación por parte de la Audiencia Nacional. Su citación como imputado destapa uno de los flancos más significativos del procedimiento al margen del rescate de Tubos Reunidos: el correspondiente a las transacciones ligadas al ámbito energético, las compañías de energías renovables y las supuestas ventajas conseguidas a través de un presunto entramado de influencias vinculado con organismos públicos.
Samper figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz dentro de la ampliación del caso Leire, una causa que analiza presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la SEPI, empresas públicas y ayudas o contratos de carácter estratégico. Junto a él aparecen también Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer, empresarios aragoneses vinculados al bloque Forestalia en las informaciones publicadas.
La investigación indaga en presuntos ilícitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y uso indebido de información privilegiada. En este momento procesal, Fernando Samper mantiene intacta la presunción de inocencia y su llamado a declarar en calidad de investigado no presupone culpabilidad alguna. Sin embargo, su implicación en el sumario adquiere gran relevancia debido a que incorpora al expediente a una de las figuras más célebres del sector de las energías renovables en España.
El punto de mira sobre Forestalia se sitúa en el contexto de las cinco actuaciones que, de acuerdo con los datos difundidos, analiza la Audiencia Nacional dentro de la pieza SEPI. Pese a que el salvamento de Tubos Reunidos por encima de los 112 millones de euros constituye el núcleo central, las indagarías abarcan asimismo a Mercasa, ENUSA, el Parque Empresarial Principado de Asturias y una transacción asociada a Forestalia. El País ha indicado que tales operaciones acumularían 132,9 millones de euros en subvenciones estatales y que la supuesta red corrupta habría conseguido más de 750.000 euros en mordidas.
La sospecha relacionada con Samper y Forestalia gira en torno a una operación empresarial que habría generado una importante plusvalía. Según publicó El Independiente, la Fiscalía vincula a la trama de Leire con un supuesto “pelotazo” de más de 6 millones de euros relacionado con sociedades renovables adquiridas y posteriormente revendidas a una mercantil cuyos accionistas estarían conectados con el grupo empresarial de Fernando Samper.
Ese aspecto resulta fundamental, puesto que la investigación no se reduce únicamente a las contrataciones públicas convencionales. Igualmente, se examina la posibilidad de que ciertas operaciones mercantiles se aprovecharan de datos privilegiados, redes de contactos o mecanismos de influencia relacionados con el círculo de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. El ámbito judicial tendrá que esclarecer si la maniobra de Forestalia constituyó un acuerdo mercantil corriente o si, por el contrario, guardaba relación con una trama que supuestamente se valía de influencias políticas y de negocios con el propósito de obtener réditos financieros.
La presencia de Samper entre los indagados acentúa el perfil corporativo de este asunto. Dicha red supuesta no habría operado únicamente en la órbita de las administraciones públicas, sino asimismo junto a entidades mercantiles con capacidad para lucrarse a partir de resoluciones, coyunturas o datos originados dentro de corporaciones del Estado y de vínculos institucionales. En este entramado, Forestalia figura como un elemento clave debido a su trascendencia en el ámbito de las energías limpias y al volumen financiero de la transacción bajo lupa.
La Audiencia Nacional tendrá que esclarecer qué participación desempeñó Fernando Samper dentro de la causa analizada, qué vínculos estableció con Carmelo Aznárez, con los hermanos Pérez Águeda y con el resto de encausados, así como si tuvo conocimiento o intervino en las actuaciones conferidas al grupo Hirurok. Asimismo, resultará fundamental dilucidar si se produjeron contraprestaciones económicas, mediaciones o pactos capaces de conectar el movimiento empresarial con la supuesta trama de influencias.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso resulta especialmente grave porque mezcla tres elementos explosivos: empresas energéticas, posibles plusvalías millonarias y una trama investigada por influir en decisiones públicas. El sector renovable ha manejado en los últimos años enormes expectativas de inversión, acceso a suelo, autorizaciones, permisos y financiación. Si una operación de ese ámbito queda bajo sospecha en una causa sobre tráfico de influencias, la exigencia de transparencia debe ser máxima.
Samper deberá explicar ante el juez si su actuación fue la de un empresario que participó en una operación legítima dentro del mercado energético o si existieron elementos que lo conectan con las maniobras presuntamente irregulares investigadas por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Esa distinción será decisiva para delimitar su responsabilidad y para conocer hasta dónde llegó realmente la red.
El caso también golpea la reputación de Forestalia. La compañía ha sido una de las referencias del sector renovable en Aragón y en España, pero la presencia de su fundador entre los investigados en una causa de esta magnitud abre una sombra que solo podrá despejarse con documentación, explicaciones y trazabilidad completa de las operaciones examinadas.
La pregunta que ahora debe responder la Audiencia Nacional es clara: si Forestalia y su entorno participaron en una operación de mercado limpia o si la presunta trama utilizó sus contactos para facilitar oportunidades, beneficios y plusvalías. En una investigación que afecta a dinero público, contratos, empresas estratégicas y posibles comisiones, el papel de Fernando Samper debe aclararse hasta el último documento.
Fuente: Cadena SER, El País, elDiario.es, Heraldo de Aragón, El Independiente, Infobae y Europa Press.