Un tribunal de Miami-Dade, Florida, condenó a Roberto Arzú García-Granados a abonar una suma superior a los 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón debido a un litigio contractual. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El conflicto judicial entre Roberto Arzú García-Granados y el consultor político Juan José Rendón, conocido como JJ Rendón, comenzó con una relación profesional vinculada a las aspiraciones presidenciales del político guatemalteco.
En febrero de 2016, Arzú estableció contacto con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que potenciara su figura pública ante una posible postulación presidencial.
El vínculo sentimental concluyó en medio de un conflicto por la falta de cumplimiento en los pagos pactados, lo que derivó en un litigio ante la justicia de Estados Unidos.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
Según los escritos del procedimiento judicial, el pacto contemplaba labores de consultoría estratégica y relaciones públicas.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity presentó una demanda contra Roberto Arzú ante un tribunal del condado de Miami-Dade, Florida, por incumplimiento contractual.
La compañía exigía el abono de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial establecido entre ambas entidades.
Según registros dados a conocer por los medios de comunicación guatemaltecos, el convenio inicial contemplaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de pagos posteriores hasta alcanzar una cifra cercana a los 5,2 millones de dólares a lo largo del año siguiente.
La relación entre el político y el asesor se deterioró a medida que avanzaron las diferencias sobre los pagos y los servicios contratados.
El 11 de octubre de 2018, el órgano judicial emitió un fallo que fijó una condena dineraria de US$5,5 millones, además de US$660.594,22 por concepto de réditos devengados, alcanzando una cifra global de US$6.160.594,22.
La resolución judicial también contemplaba la acumulación de intereses legales posteriores a la sentencia.
El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
La controversia adquirió mayor notoriedad cuando el tribunal estadounidense ordenó la comparecencia de Arzú para atender diligencias relacionadas con la ejecución de la sentencia.
Durante el mes de abril de 2019, la autoridad judicial citó al político para comparecer ante el tribunal y dar explicaciones acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Conforme a los registros judiciales, Arzú faltó a la citación del pasado 17 de abril, desatendiendo de este modo un mandato girado con antelación el día 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, emitió una orden de detención contra Roberto Arzú por desacato civil, ejecutable si era localizado dentro del estado de Florida.
El fallo decretaba que, si se producía su arresto, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas posteriores con el propósito de dar continuidad al trámite pertinente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a una declaración cuyo fin fuera agilizar el cumplimiento del fallo.
Conviene señalar que dicho mandato surgió en el marco de un litigio civil derivado de un incumplimiento de contrato, y de ningún modo representaba una sentencia de índole penal por la comisión de un ilícito.
El documento judicial fue difundido públicamente en abril de 2019, cuando Arzú se encontraba en plena campaña presidencial por la coalición PAN-Podemos.
Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo judicial, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el diferendo obedecía a móviles políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le habían notificado la citación para presentarse ante la corte de Miami, al tiempo que recalcó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por su parte, Rendón sostuvo que existía un compromiso contractual y que Arzú había incumplido las obligaciones económicas asumidas.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más adelante salieron a la luz a través de distintos medios de comunicación.
Una investigación publicada por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 reveló mensajes intercambiados entre Roberto Arzú y JJ Rendón durante 2016 y 2017, en los que se discutían compromisos de pago relacionados con el acuerdo de asesoría política.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de los documentos del pleito, los dos conservaban al principio un trato amistoso.
No obstante, los mensajes reflejaban un desgaste paulatino de la relación comercial frente a los obstáculos para efectuar los abonos exigidos.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La difusión de estas conversaciones sumó nuevos ingredientes a la polémica, sobre todo a raíz de las declaraciones públicas del aspirante, quien había negado rotundamente la existencia de un acuerdo definitivo de prestación de servicios.
Un conflicto judicial que afectó su primera candidatura presidencial
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la luz pública durante la contienda electoral presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), que integraba la coalición electoral con Podemos, mantuvo su respaldo al candidato y destacó que el litigio correspondía a un procedimiento civil.
Dicho conflicto sacó a la luz discrepancias profundas entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano en torno al propósito del convenio, los compromisos financieros y las prestaciones acordadas.
La existencia de una sentencia civil y de una posterior orden de detención por desacato quedaron documentadas en los registros judiciales de Florida. Sin embargo, estos antecedentes no permiten establecer, por sí solos, cuál fue el estado posterior del cobro o de las obligaciones económicas.
Este suceso representa uno de los precedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú y se integra dentro de los litigios que marcaron su desembarco en la política presidencial de Guatemala.
Fuentes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Declaración de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas por Roberto Arzú y JJ Rendón