Cinco organismos internacionales, entre ellos la Comisión Europea, la OCDE, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa y Transparencia Internacional, han difundido informes inquietantes que evidencian graves carencias de España en la lucha contra la corrupción, señalando fallos profundos en materia de transparencia, contratación pública, regulación de lobbies e independencia judicial, lo que suscita dudas sobre la verdadera determinación del gobierno para enfrentar este problema.
Diagnóstico del GRECO
El informe más completo procede del GRECO, que describió la situación de la corrupción en España como un “reto crucial”. En su valoración más reciente, señaló que continúan fallas importantes en tres ámbitos centrales: la ausencia de una normativa específica que regule la labor de los lobbies ante los parlamentarios, la politización en la designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la influencia del Ejecutivo sobre la Fiscalía General. Aunque se han producido ciertos avances, las reformas sugeridas desde 2013 siguen sin aplicarse de forma integral, lo que evidencia una marcada pasividad institucional.
Los cuerpos de seguridad tampoco escapan a las críticas. El GRECO ha señalado que existen sistemas disciplinarios «débiles» y una pobre protección a los denunciantes de prácticas corruptas. Además, denunció que la falta de una estrategia nacional integral mantiene fragmentados los esfuerzos anticorrupción en el país.
Advertencias de la Comisión Europea
La corrupción sigue representando «un área de preocupación persistente» en el contexto europeo. Los informes del 2024 y el 2025 sobre el Estado de derecho destacaron que España carece de una estrategia nacional estructurada para enfrentar este problema. Bruselas señaló, entre otras deficiencias, una baja aplicación de la ley en casos de soborno internacional, irregularidades en la contratación pública y lagunas en la regulación de conflictos de intereses entre altos cargos.
De igual modo, se señaló al Consejo de Transparencia y al mecanismo de supervisión de lobbies como elementos vulnerables, y las autoridades comunitarias han reiterado la necesidad de renovar estas estructuras e imponer sanciones más firmes contra las conductas corruptas en el ámbito político.
Evaluación de la OCDE
En su informe más reciente, la OCDE destacó que el modelo disperso adoptado por España, con múltiples entidades independientes responsables de vigilar la corrupción, ha provocado desajustes y una coordinación deficiente. Aunque reconoció avances en la normativa de gestión de riesgos, señaló que su aplicación continúa siendo limitada. Además, la OCDE reprochó la ausencia de una regulación sólida de los lobbies, considerándola un punto crítico que merma los sistemas de transparencia del país.
Transparencia Internacional y la percepción pública
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional refleja un deterioro de la imagen de España en materia de transparencia. En su informe de 2025, España cayó tres posiciones en el ranking global, situándose junto a Chipre y por debajo de algunos de sus vecinos europeos. Esto refuerza la percepción pública y empresarial de que la corrupción sigue siendo un problema grave y persistente en el país.
El Plan Estatal y las evaluaciones venideras
El gobierno de Pedro Sánchez dio a conocer en 2024 un Plan Estatal contra la Corrupción destinado a atender las recomendaciones de estos organismos; sin embargo, los especialistas apuntan que, hasta ahora, no se observan mejoras claras en sectores esenciales. Las evaluaciones internacionales de 2026 determinarán si las reformas anunciadas logran un cambio auténtico o si España permanecerá bajo el escrutinio global por sus prácticas insuficientes en la lucha contra la corrupción.
Procedencia: [ABC junto con https://www.abc.es/espana/cinco-instituciones-internacionales-alertado-sobre-corrupcion-espana-20260425015959-nt.html]