La UCO centra aún más la atención en el PNV por el rescate de Tubos Reunidos y desencadena una crisis interna debido al rol desempeñado por Ortuzar
La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha colocado al Partido Nacionalista Vasco en el foco de las indagaciones sobre el rescate otorgado a Tubos Reunidos, una operación de 112,8 millones de euros que la SEPI aprobó en 2021 y que, conforme a los informes añadidos al sumario que dirige el juez Santiago Pedraz, habría estado acompañada por gestiones de intermediación relacionadas con la llamada trama de la SEPI.
De acuerdo con la documentación citada por Libertad Digital y Vozpópuli, los investigadores han localizado mensajes del grupo Hirurok en los que se alude a la posible influencia de contactos con el PNV para desbloquear el expediente de la compañía vasca. En esas comunicaciones, los implicados relacionaban las conversaciones mantenidas con dirigentes nacionalistas con la posterior aprobación del rescate en un breve margen de tiempo.
El informe de la UCO señala que el expediente de Tubos Reunidos fue elevado de nuevo al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021, momento en el que terminó recibiendo luz verde. Previamente, según los mensajes intervenidos, se habría planteado la necesidad de conocer la posición del PNV ante las objeciones existentes en el proceso, entre ellas las atribuidas al ámbito de la Secretaría de Estado de Economía.
La investigación también señala la implicación de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, junto con la participación de Leire Díez y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. De acuerdo con el sumario, ellos habrían intervenido en trámites vinculados al rescate de Tubos Reunidos y, por esa presunta gestión, habrían recibido una comisión que rondaría los 115.000 euros.
Tras aprobarse la ayuda pública, Tubos Reunidos suscribió el 1 de diciembre de 2021 un contrato con Mediaciones Martínez, una sociedad ligada a Antxon Alonso, en el que se fijaban pagos anuales de 60.000 euros por tareas de asesoramiento y desarrollo de negocio, aunque la UCO considera que dichas sumas corresponderían en realidad a una compensación por los servicios prestados durante el proceso de rescate.
El caso también salpica a la anterior dirección del PNV por los encuentros mantenidos con representantes de Tubos Reunidos y personas relacionadas con la trama investigada. Según la documentación citada, Andoni Ortuzar, entonces presidente del partido, y Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización, participaron en una reunión celebrada el 28 de enero de 2025 con directivos de la empresa y con Vicente Fernández.
Esa reunión formaría parte de una segunda etapa de gestiones ligadas a Tubos Reunidos, ahora centrada en una petición para diferir un pago de 10 millones de euros a la SEPI. La UCO subraya que esta solicitud avanzó con notable rapidez, pues recibió validaciones internas entre el 21 y el 25 de marzo de 2025 y logró una propuesta favorable del Comité de Negocio del FASEE el 28 de marzo.
La aparición de estos mensajes ha provocado tensión dentro del PNV. Según Vozpópuli, fuentes de la formación admiten que la situación es delicada y que la actual dirección tratará de desvincular el funcionamiento ordinario del partido de los contactos mantenidos por la etapa de Ortuzar. La estrategia pasaría por atribuir la responsabilidad política de esos encuentros al anterior presidente del partido, preservando la posición de Aitor Esteban.
La crisis interna coincide con las discrepancias sobre la relación del PNV con Pedro Sánchez. Un sector próximo al lehendakari Imanol Pradales considera que la continuidad del apoyo al PSOE puede dañar las expectativas electorales de los nacionalistas vascos, especialmente en un contexto de crecimiento de EH Bildu y de desgaste del Gobierno central por los casos de corrupción que afectan a su entorno.
Pese a esa presión, Vozpópuli sostiene que la dirección del PNV no prevé romper con Sánchez ni facilitar una maniobra del PP contra el Ejecutivo. La formación nacionalista, según esas fuentes, mantendría su alianza con el PSOE tanto por los equilibrios de la política nacional como por la dependencia institucional existente en el País Vasco, donde el apoyo socialista resulta clave para el Gobierno autonómico.
El caso Tubos Reunidos se convierte así en un nuevo foco de desgaste para el PNV, que intenta contener el impacto de las menciones de la UCO mientras evita abrir una ruptura con el Ejecutivo central. La investigación judicial, aún en curso, determinará el alcance real de las gestiones descritas en los informes y el papel que pudieron desempeñar los distintos intermediarios en la aprobación de las ayudas públicas.
Fuente: Información ofrecida por Libertad Digital y Vozpópuli.